Hay una paradoja que se repite en el ecosistema de innovación chileno: una empresa desarrolla una tecnología nueva, invierte años en protegerla mediante una patente, demuestra viabilidad técnica y tiene mercado —y, aun así, no consigue financiamiento para escalar el desarrollo—. El banco pide garantías. No hay inmuebles. La conversación termina ahí.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) se ha convertido en un instrumento clave para bajar las barreras de entrada y para facilitar la apertura de nuevos destinos de comercialización a inventores o gestores tecnológicos.
El sistema de propiedad industrial y particularmente el de patentes, permite acceder de manera completa al conocimiento de una tecnología, ya que exige a sus titulares a cambio de la exclusividad, la obligación de divulgar de manera completa el desarrollo para que este sea reproducible.
Chile es el país más innovador de América Latina, según la última medición del Global Innovation Index 2019, que dio a conocer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que consideró a 129 economías.