Detalle

Lo revelador no es que esto ocurra; lo revelador es por qué ocurre: esa patente, reconocida por el Estado, inscrita en un registro público y con derechos exclusivos de explotación, es para el sistema financiero un activo que prácticamente no existe. No porque no valga, sino porque el sistema aún no sabe leerla.

Esa brecha no es un problema de nicho. Es una contradicción estructural con consecuencias que van mucho más allá del innovador individual.

La primera consecuencia es directa: Chile casi no moviliza capital hacia sectores de alto valor agregado, pues su sistema financiero ignora los activos que esos sectores producen. Sin embargo, una economía que aspira a reducir su dependencia de los commodities necesita que el conocimiento protegido pueda convertirse en palanca de inversión. Hoy, en la práctica, esto no ocurre.

La segunda consecuencia es sistémica: desarrollar el financiamiento respaldado en propiedad intelectual (PI) no solo beneficia al innovador que accede al crédito; exige y, al mismo tiempo, construye un ecosistema financiero más sofisticado. Mejores mecanismos de valorización de intangibles, mayor capacidad para evaluar riesgo tecnológico y marcos jurídicos más precisos: todo eso eleva la calidad del sistema en su conjunto.

La tercera es una señal de política industrial. Y aquí la evidencia comparada es elocuente.

Corea del Sur tiene hoy un volumen de financiamiento respaldado en propiedad intelectual que supera los 7.500 millones de dólares, y más del 80% de esos préstamos se ha otorgado a empresas con bajo historial crediticio —el perfil que, en general, el sistema tradicional rechaza—. Singapur lanzó en 2014 un esquema formal con garantía parcial del Estado, donde evaluadores certificados determinan el valor de una patente y los bancos participantes otorgan crédito sobre esa base. El Reino Unido, con todo su desarrollo financiero, está actualmente construyendo este mercado: en 2024 su oficina de propiedad intelectual lanzó un grupo de trabajo junto a la OMPI y sus principales bancos comenzaron a ofrecer los primeros productos de este tipo.

Ninguno de estos países llegó aquí por evolución espontánea del mercado. En cada caso hubo una decisión de política pública que reconoció en los activos intangibles una fuente legítima de valor financiero y construyó las condiciones para que eso ocurriera.

La evidencia que respalda este camino también es sólida desde el lado del riesgo: las empresas con carteras consolidadas de propiedad intelectual representan, en promedio, un menor riesgo crediticio que las tradicionales. Crecen más rápido, muestran mayor resiliencia en recesiones, tienen menor probabilidad de insolvencia y, cuando enfrentan dificultades de pago, las pérdidas para el acreedor resultan menores. La OMPI lo ha documentado sistemáticamente. No son un riesgo oculto: son exactamente el tipo de empresa que un sistema financiero moderno debería querer financiar.

Chile iniciará próximamente, con el apoyo de la OMPI, un levantamiento sistemático del estado actual del financiamiento mediante PI en el país: barreras regulatorias, capacidades existentes y experiencias comparadas aplicables a nuestra realidad. Es un primer paso deliberado.

Lo que viene después exige una conversación que este país aún no ha tenido con suficiente seriedad: cómo integrar los activos intangibles en las prácticas financieras convencionales. Eso involucra a la banca, al regulador, al mundo del emprendimiento y a la política pública. Ningún actor puede resolverlo solo.

Chile recibe alrededor de cuatro mil solicitudes de patentes de invención cada año (nacionales y extranjeras). Detrás de cada una hay un activo con valor económico real. Que ese activo no pueda convertirse en palanca de financiamiento no es una falla del sistema de propiedad intelectual; es una deuda pendiente del sistema financiero con la economía del conocimiento. Y es una deuda que, con voluntad y diseño, tiene solución.